Industria animal: terminando los mitos

Sábado 28 de enero de 2012

Industria animal: terminando los mitos

Silvia Ribeiro

El aumento del consumo de carne se presenta a menudo como un índice de desarrollo, como sinónimo de mejor dieta. Sin embargo, las cifras de hambre en el mundo indican que en paralelo al aumento global de producción industrial de carnes, aumentó el número de hambrientos a más de 925 millones de personas, mientras otros mil millones padecen malnutrición y otros mil millones son obesos.

Tal como sucede con la agricultura industrial, el volumen de producción no tiene nada que ver con que llegue a los que necesitan alimentos. La cría industrial e intensiva de animales está controlada por oligopolios trasnacionales, que venden a quienes puedan pagar, mientras sus métodos de cría y ocupación de tierras y aguas, desplazan a la producción de pequeña escala, basada en la diversidad y que realmente llega a los que necesitan alimento.

Desde la industria de la genética animal (que define qué especies y razas llegarán al consumo) pasando por la producción de piensos y forrajes, hasta la cría y los productos derivados, es una industria concentrada en pocas transnacionales. Solamente unas 4-5 empresas dominan el sector de genética animal (Hendrix Genetics, Tyson, Genus, Erich Wesjohann Group). Seleccionan aves, toros y cerdos hasta provocar una increíble uniformidad de razas, e incluso de individuos en el mercado global (ya que un gallo o un toro pueden ser origen de millones de individuos, haciéndolos uniformes y más vulnerables a epidemias). Las 10 mayores empresas de forrajes, entre ellas Cargill, Tyson, Purina, Brasil Foods (fusión Sadia y Perdigão) y otras asiáticas, dominan 52 por ciento del mercado global. Definen qué se usará para forraje, manipulando por ejemplo para que todo ganado del planeta “deba” comer maíz y soya, gran negocio para las cerealeras y para Monsanto, Syngenta y otros productores de transgénicos y venenos. La producción y distribución de cárnicos también está en manos de pocas empresas, incluyendo varias de los eslabones anteriores.

En realidad, la cría industrial de animales no reduce sino que produce hambre, ya que al menos una tercera parte de las tierras de cultivo del mundo y más de 40 por ciento de la producción de cereales va para forrajes que abastecen esa industria. Si se destinaran directamente a seres humanos, se cubrirían las necesidades calóricas de 3 mil 500 millones de personas, la mitad de los habitantes planeta.
Además la cría industrial de animales es uno de los factores más pesados de cambio climático: incluyendo transversalmente todos los procesos relacionados y productos derivados, es responsable de un exorbitante 51 por ciento de emisiones de gases de efecto invernadero. (R.Goodland y J Anhang, World Watch, 2009). Esta industria es también la principal generadora de nuevas enfermedades virales y bacterianas. Según la FAO, en los últimos 15 años, 75 por ciento de las enfermedades humanas epidémicas han sido de origen animal (como gripe aviar y gripe porcina) y 60 por ciento de los patógenos humanos son considerados zoonóticos (provienen de enfermedades animales que mutaron para infectar humanos).

Por si fuera poco, los grandes establecimientos de cría confinada crean problemas ambientales y de salud monstruosos: contaminan vastas áreas de suelos, aguas y aire mucho más allá de sus establecimientos. Esto motivó que muchas de estas sucias empresas se trasladaran de Estados Unidos a México y otras partes del sur global, buscando regulaciones ambientales y fiscalización más laxas.
Un caso que reúne todo lo aquí descrito es la producción de cerdos de Granjas Carroll (propiedad de Smithfield, la mayor productora de cerdos a nivel global), en el valle de Perote, Veracruz, donde se originó la gripe porcina y donde sus habitantes viven enfermos por la contaminación.

La demanda de forraje para la cría industrial de pollos, cerdos y ganados, es también lo que se oculta tras la justificación de que se debe importar y sembrar maíz transgénico en México. Según Ana de Ita, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), en 2010 se produjeron en México 23.3 millones de toneladas de maíz y se importaron más de 8 millones. El consumo humano directo fue de 11.8 millones mientras el pecuario alcanzó 16 millones y cerca de 4 millones de toneladas fueron para otros usos industriales. Es decir, México produce el doble del maíz que necesita su población.

La producción pecuaria en México está dominada por empresas transnacionales, al igual que la mayoría de la provisión de forrajes, que proviene de trasnacionales como Cargill y ADM. Esta concentración trasnacional se exacerbó a partir del TLCAN, que desplazó la producción pecuaria pequeña, que permitía producir en forma descentralizada, con diversidad de forrajes locales, con mejor calidad, sin generar aberraciones ambientales, dando trabajo a mucha más gente y por tanto erradicando el hambre desde el origen: la marginación y falta de medios para producir.

Por tanto, es necesario terminar también con ese mito: México no necesita importar maíz, si se hace es para abastecer el negocio de unas trasnacionales comprando a otras trasnacionales. Que a su vez debilitan el mercado interno de producción de maíz y devastan los sistemas agrícolas campesinos, que se vuelven mucho más vulnerables frente al cambio climático, heladas y sequías. En lugar de todo esto, se debería apoyar la producción campesina y de pequeña escala, que sería mucho más sana para todos.

Datos del informe Quién controlará la economía verde, ETC Group, www.etcgroup.org/es/node/5298)

Hambruna y derecho a la alimentación

Sábado 28 de enero de 2012

Hambruna y derecho a la alimentación

Miguel Concha

El 13 de octubre de 2011 el Diario Oficial de la Federación publicó la adición al artículo cuarto de la Constitución, que señala: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”. No se puede negar que este reconocimiento es un gran logro en materia del derecho a la alimentación y armonización con los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte. No obstante, y en forma contradictoria a lo establecido en la Carta Magna, desde hace varios meses se ha evidenciado la alerta sobre el trance de pobreza e inseguridad alimentaria en el que viven 28 millones de personas.

El actual estado de malnutrición y hambruna que viven los mexicanos es producto del incumplimiento sistemático de este derecho en amplias capas de la población, cuya máxima señal ante la opinión pública es la crisis alimentaria en las comunidades indígenas de la sierra Tarahumara. Sin embargo, este problema ha sido ya advertido desde hace varios años con los índices de desnutrición infantil, según estadísticas del Instituto Nacional de Salud Pública y el Centro Nacional de Evaluación, en la que viven 42.7 por ciento de los niños menores de cinco años.

Las acciones emprendidas en esta materia por diversos gobiernos federales y estatales no han conseguido detener el aumento excesivo de los precios y la mala distribución de los alimentos, sobre todo de granos básicos, como son el maíz y el frijol, base cultural de nuestra alimentación, y de los que de forma paradójica somos ahora casi completamente dependientes de su importación. Por ello no podemos perder de vista que este derecho está intrínsecamente ligado con las políticas públicas que a escala federal y estatal se implementen para lograr el crecimiento y desarrollo del sector ganadero y agropecuario.

La soberanía alimentaria va más allá de asegurar el acceso de la población a los alimentos. Se refiere también a la capacidad que cada Estado tiene, con base en sus propias políticas públicas, de garantizar por cuenta propia la producción de éstos, así como los apoyos técnicos y económicos indispensables para sus agricultores. Sin embargo, en nuestro país las condiciones desiguales que se enfrentan en el contexto de los acuerdos comerciales internacionales, agravadas por la falta de apoyos a los pequeños y medianos agricultores, han puesto en desventaja a nuestros campesinos.

La administración federal actual se ha destacado en cambio por el respaldo a grandes productores nacionales y trasnacionales, como Monsanto, Syngenta, Pioneer-Dupont y Dow AgroSciences, y con ello se dejó de proteger a las especies nativas, como el maíz. Con información del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, de 2009 a 2011 el gobierno federal recibió 160 solicitudes para la siembra experimental de maíz genéticamente modificado. Y por ello las autoridades han sido incapaces de reactivar la agricultura nacional y garantizar a los pequeños productores el acceso a financiamientos, así como a las tecnologías necesarias para poder hacer frente a condiciones de riesgo, como la actual hambruna, que según las mismas autoridades amenaza a alrededor de 20 estados del país. Situación que se agrava con las sequías, que en la actualidad afectan a 54 por ciento del territorio nacional, sobre todo a 11 de las entidades del norte.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente, seis por ciento de las zonas reporta sequía excepcional y 15 por ciento sequía extrema. Si bien la sequía es también efecto de los cambios climáticos, el Estado mexicano no garantiza tampoco suficientemente el acceso a un bien tan indispensable para vivir como es el agua. Se carecen de apoyos y creación de servicios necesarios en favor de las comunidades. Con ello se agrava aún más una situación que bien podría haberse evitado si se hubiesen tomado desde antes las medidas necesarias.

El anuncio de las autoridades federales de 4 mil millones de pesos destinados para apoyar a las comunidades afectadas por las sequías, con un total de 300 millones para las comunidades en “emergencia”, constituye una decisión urgente y necesaria. Pero no debe perderse de vista que la actual crisis necesita ser resuelta con políticas públicas integrales, planeadas y ejecutadas con la perspectiva de derechos humanos, lo que permitirá enfrentar problemas estructurales, como la falta de infraestructura y la concentración de tierras y prácticas de comercialización ventajosas para intermediarios, en detrimento de los pequeños productores.

El relator de la Organización de las Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, quien visitó oficialmente a México en junio de 2011, ha señalado en diversas ocasiones que poder adquirir alimentos para no padecer hambre es un componente básico de la dignidad humana. Sin embargo, las acciones del gobierno mexicano son hasta ahora insuficientes para cumplir con las obligaciones establecidas en los tratados internacionales y garantizar el acceso físico y económico a los alimentos, en cantidad y calidad suficientes para toda la población. Por tanto, podemos decir que las crisis alimentarias y productivas no han surgido de un momento a otro: son resultado de años de descuido del campo, profundizando así la dependencia alimentaria del país.

Business are business

Viernes 27 de enero de 2012

Business are business

Luis Javier Garrido

La llamada guerra contra el narcotráfico” es, además de todo, un estupendo negocio para una serie de corporaciones afines a los demócratas estadunidenses, pero también para múltiples hombres de negocios vinculados al gobierno de Felipe Calderón, por lo que desde esa perspectiva, extremar la violencia resulta benéfico para los negocios.

1. El presidente estadunidense Richard M. Nixon acuñó el término de “guerra contra las drogas”, no debe olvidarse, en un discurso pronunciado el 17 de julio de 1971, en el que pretendió estar preocupado por el incremento del consumo de enervantes entre los soldados en Vietnam, cuando en realidad lo que buscaba era aprovechar la alarma que estaba creando al afirmar que las adicciones habían asumido la dimensión de “una emergencia nacional” para solicitar importantes recursos al Congreso a fin, entre otras cosas, de ir creando nuevos negocios en torno de esa supuesta lucha contra el narcotráfico.

2. La noción de “guerra contra las drogas” encubrió, por consiguiente, desde sus orígenes, además de una serie de objetivos políticos, estratégicos y militares de una potencia imperial, muy claros intereses económicos, tanto del Estado, que pudo disponer cada vez más de fondos excepcionales votados en la colina del Capitolio, como de una serie de consorcios empresariales asociados a esos intereses. Los expertos en la política de Washington sobre las drogas coinciden en que aun después de esa algarada de Nixon, nada cambió en las orientaciones generales de la política estadunidense, que siguió rigiéndose por la ley de 1970 sobre la prevención de las drogas, que no era otra cosa que una secuela de la ley Harrison de 1914 sobre narcóticos. Y nada cambió, ni siquiera al ser elevada dicha “guerra” al rango de ley el 28 de enero de 1972. Lo único nuevo desde entonces fue que los negocios florecieron aún más.

3. Las políticas de Washington en materia de drogas se han sustentado por consiguiente en los últimos años en esa doble vertiente contradictoria. Ha llevado a cabo Estados Unidos por un lado una campaña permanente pretendiendo combatirlas y brindar “ayuda” a otros países para supuestamente desalentar y reducir su producción, lo que ha entrañado incluso su intervención militar. Y, por el otro, ha tendido invariablemente a preservar el narcotráfico como un gran negocio, reordenado y dirigido desde Washington, el que ha beneficiado incluso, desde su lado ilegal, a políticos del más alto rango, y que desde su lado “legal” ha permitido al Estado mayores recursos y a múltiples empresas desarrollar una serie de negocios “legales”.

4. Las políticas del gobierno de Barack Obama en la materia han seguido escrupulosamente el esquema nixoniano, y cada vez que ha estado en algún problema político ha invocado a los cárteles mexicanos como una amenaza de “dimensión nacional”, para solicitarle recursos frescos al Congreso, sin dejar por lo mismo de apoyar a las multinacionales que están haciendo negocios multimillonarios con la “guerra contra el narcotráfico”. La debilidad del gobernante espurio mexicano Felipe Calderón le permitió a Washington en 2006 extremar su esquema de dominación sobre México pero también ampliar su red de negocios.

5. La “guerra contra las drogas” de Obama en México ha significado enormes negocios para una serie de empresas vinculadas a los intereses de los demócratas estadunidenses. En un reciente reportaje, Jorge Carrasco Araizaga da cuenta de cómo tanto las empresas privadas asociadas a la industria militar estadunidense como otras nuevas han obtenido millonarios contratos de Washington para proveer de equipamiento y material bélico y de otro tipo tanto a México como a Estados Unidos (Proceso, 2012), lo que se ha fortalecido por la presencia en territorio mexicano de las agencias del gobierno estadunidense, que Calderón ha autorizado operen aquí, y que se hallan bajo la coordinación del contralmirante Colin J. Kilrain, experto también en negocios.

6. Las políticas bélicas de Calderón han beneficiado enormemente a las trasnacionales, pero no sólo a éstas. El Pentágono ha obtenido mayores recursos del Congreso gracias a su intervención en México y en octubre de 2012 pidió otros mil 200 millones de dólares para operar en territorio mexicano, y los contratos de las empresas privadas no dejan de crecer. La Iniciativa Mérida implicó en sus inicios un paquete “de ayuda” de mil 400 millones de dólares, y ya para 2008, las empresas estadunidenses habían alcanzado contratos por 64 mil millones de dólares.

7. El aspecto más grave de estas políticas de guerra y negocios no lo constituye sólo el hecho de que se trata de un gasto descomunal creciente el que se ejerce para la destrucción en nuestro país, sino que es ya también este un negocio que beneficia a “empresarios” mexicanos coludidos con Calderón, en un escenario en el que México está maquilando material bélico estadunidense (cosa que se le olvidó a éste presumir en Davos), lo que es abiertamente contrario a la Constitución. Conforme al citado reportaje, el año pasado la empresa Aero Company, de Indianapolis, recibió más de 12 millones de dólares para fabricar tapones de armas de combate en San Luis Potosí, JDS Uniphase obtuvo contratos de la Marina estadunidense por 6 y 12 millones de dólares tanto para manufacturar sofisticados equipos bélicos como para elaborar sistemas de pruebas de armas en su planta de Guadalajara, y la Lockheed Martin, de Orlando, se consiguió 145 millones de dólares para elaborar sistemas de vehículos militares en Tijuana.

8. Las políticas de migración estadunidense amparan también enormes negocios, desde la construcción del muro fronterizo hasta los centros de detención que se construyen a lo largo de la frontera. ¿Por qué la “guerra contra el narco” no debería serlo? Por esa y otras razones, Calderón se aterró cuando Gil Kerlikowske, director de la Oficina de Control de Políticas sobre la Droga (ONDCP), declaró el 13 de mayo de 2009 que la administración Obama no utilizaría más el concepto de “guerra contra las drogas” por ser contraproducente, y tras negar haberlo él jamás usado ha buscado implementar desde entonces sus políticas de terror por otros medios.

9. El gasto descomunal de las políticas antidrogas no ha servido para terminar con un negocio que está más que nunca en auge –pues en el fondo sólo se ha buscado reordenarlo–, sino para sembrar un clima de violencia y terror en un país y matar a decenas de miles de mexicanos, pero también para impulsar una serie de negocios ilegales en los que están involucrados políticos y empresarios de ambos lados de la frontera, por lo que desmantelar todas esas redes de intereses espurios va a ser una tarea muy complicada en el futuro.

10. Esa confusión de intereses públicos y privados que asfixia a un pueblo que clama “¡Ya basta!” debe ser, por ello, evidenciada más abiertamente si se quiere construir un país diferente.