Rio+20 provocará polémica sobre biocombustibles

BRASIL 

José Pedro Martins

desde São Paulo

Rio+20 provocará polémica sobre biocombustibles  

 La polémica sobre el uso de tierras agrícolas para la producción de
biocombustibles, que afecta la seguridad alimentaria mundial, se reanudará con
fuerza en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible, Rio+20, que se celebrará en Rio de Janeiro a principios de junio
del 2012.

Varias organizaciones no gubernamentales que participan en la preparación de
la Cumbre de los Pueblos, un evento paralelo a la conferencia oficial, ya se
están movilizando para cuestionar el avance de la producción de
biocombustibles en detrimento del uso de tierras agrícolas para la producción
de alimentos mediante la agricultura familiar y comunal, así como sus posibles
impactos ambientales.

Como sede de Rio+20, como lo fue de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Eco-92, en 1992, Brasil está en el centro
de la polémica sobre el impacto de la expansión de los biocombustibles en la
producción de alimentos y la seguridad alimentaria mundial.

La controversia comenzó con fuerza en octubre del 2007, cuando el entonces
relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, el
sociólogo suizo Jean Ziegler, divulgó un informe que afirmaba que la expansión
del etanol, biocombustible derivado de la caña de azúcar, estaría ayudando a
elevar los precios de los alimentos y, con ello, contribuyendo al
empeoramiento de la seguridad alimentaria de las poblaciones más pobres.

En su informe, Ziegler sugería una moratoria de cinco años para la producción
de biocombustibles fabricados a base de productos alimenticios, tales como la
caña de azúcar en Brasil y el maíz en EEUU. Y afirmaba que el 1% de aumento en
los precios de los alimentos significaba el aumento en 16 millones del
contingente de personas malnutridas en el mundo.

Crimen de lesa humanidad  
El tono de las críticas a los biocombustibles se elevó en abril del 2008,
cuando Ziegler señaló que la producción en masa de esta fuente de energía
alternativa a los combustibles fósiles representaba un crimen de lesa
humanidad, a la luz de sus efectos en los precios mundiales de los alimentos.

Las declaraciones formuladas por Ziegler fueron replicadas rápida y
enérgicamente por el entonces presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva
(2003-2011), quien llegó a afirmar que Ziegler no conocía la realidad de
Brasil. El presidente Lula destacó que el aumento de precios de los alimentos
no podía atribuirse a los biocombustibles. La realidad es que las fuertes declaraciones del relator promovieron un gran
debate mundial sobre la relación entre biocombustibles y seguridad
alimentaria. En ese momento se atribuyó esa polémica al hecho de que gran
parte de la producción de maíz en EEUU se estaba destinando a la fabricación
de biocombustibles, lo que contribuyó a elevar los precios de los alimentos.

Pero la preocupación permanece en el ámbito de los órganos de las Naciones
Unidas, como indican publicaciones recientes. En el documento “El estado de la
inseguridad alimentaria en el mundo 2011”, la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dejó en claro su
preocupación por el impacto de los biocombustibles sobre la seguridad alimentaria.

La FAO dice en el documento que “es probable que los precios de los alimentos
sigan siendo elevados y volátiles. La demanda de los consumidores en los
países con economía en rápido crecimiento aumentará, la población continúa
creciendo, y si prosigue la expansión de los biocombustibles el sistema
alimentario se verá sometido a demandas adicionales”.

El documento destaca también que “las políticas en materia de biocombustibles
han establecido nuevos vínculos entre el precio del petróleo y el de los
productos alimenticios básicos. Al aumentar los precios del petróleo se
incrementará la demanda de biocombustibles, lo cual encarecerá los alimentos,
y lo contrario cuando disminuyan los precios del petróleo”.

El nuevo director general de la FAO, el brasileño José Graziano da Silva, ha
argumentado que la producción de biocombustibles no debe afectar la producción
de alimentos. Sin embargo, también ha dicho que cuatro países de América
Latina —Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay—, según estudios realizados por
la FAO, pueden aumentar la producción de biocombustibles “sin afectar la
seguridad alimentaria”, en función de su disponibilidad de tierras. De hecho,
el biocombustible derivado del maíz es el que más preocupa a la FAO, según
Graziano da Silva.

Continúa expansión de agronegocios  
La cuestión de los biocombustibles está, por tanto, en el corazón del debate
global sobre la seguridad alimentaria y sobre las alternativas a los
combustibles fósiles que provocan el calentamiento global. En Brasil es
clarísima la preocupación de las organizaciones no gubernamentales con la
expansión de la producción de biocombustibles, particularmente el etanol, en
zonas ecológicamente vulnerables como el Pantanal y la Amazonia.

“Es un crimen ecológico y tiene desventajas enormes en la producción de
alimentos”, sostiene el presidente de la Asociación Brasileña de Reforma
Agraria (ABRA), Plínio de Arruda Sampaio. El etanol contribuye sólo a
“mantener la industria del automóvil, que está condenada a pasar por grandes
cambios” en función de cuestiones como el calentamiento global, añade.

Brasil tiene 355 millones de Ha de tierras aptas para el cultivo. Actualmente
9.4 millones de Ha se destinan a la caña de azúcar. Sin embargo, estudios del
propio gobierno brasileño indican que en los próximos años continuará la
expansión de las áreas ocupadas por la caña de azúcar.

El documento “Brasil, proyecciones del agronegocio 2010/2011 a 2020/ 2021”,
elaborado por la Oficina de Gestión Estratégica del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Abastecimiento, indica las proyecciones de expansión de tierras en
caña y soja, “dos actividades que compiten por espacio en Brasil”. De acuerdo
con el documento, estos dos cultivos juntos “deben presentar en los próximos
años una expansión de 7.4 millones de Ha: 5.3 millones de Ha de soja y 2.1 Ha
de caña de azúcar”. 

“Muchos agricultores, a causa de los precios, van a seguir optando por la
caña, y eso es muy malo, inclusive porque sigue empeorando la migración y la
sobrepoblación de las ciudades”, dice Sampaio. El avance de la soja y de la
caña es, de hecho, señalado por las organizaciones de apoyo a los campesinos
sin tierra y pequeños agricultores, como la Conferencia Nacional de Obispos de
Brasil (CNBB) y la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), como una fuente del
agravamiento de los conflictos agrarios en Brasil.

Ahora las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil brasileña
están dedicadas en gran medida a acciones encaminadas a influenciar en Rio+20,
que discutirá la llamada economía verde —definida por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente como “ aquella que resulta en la mejora
del bienestar del ser humano y la equidad social, al mismo tiempo que reduce
significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica”— y la lucha
contra la pobreza, dos temas estrechamente vinculados con la polémica de los
biocombustibles y la seguridad alimentaria.

Un documento firmado por una serie de organizaciones, como las brasileñas
AS-PTA Agricultura Familiar y Agroecología, y las internacionales EcoNexus,
ETC-Group, More and Better y Third World Network, indica las “20 políticas que
Rio+20 puede adoptar de inmediato”, como medio para fortalecer la soberanía
alimentaria, reducir el daño ambiental y apoyar “el trabajo innovador de los
campesinos, productores y proveedores de alimentos a pequeña escala”.

Algunas de las iniciativas planteadas en el documento incluyen: Restaurar el
apoyo público a la agricultura para enfrentar la crisis alimentaria, convertir
las tierras donde se producen biocombustibles a tierras productoras de
alimentos, adoptar políticas que reduzcan la erosión de los suelos para
proteger la seguridad alimentaria de largo plazo, y apoyar las estrategias
campesinas de conservación.

En otro documento, organizaciones como Vía Campesina, Amigos de la Tierra
América Latina y el Caribe y Movimiento Mundial por los Bosques, hicieron un
llamamiento para “afirmar nuestros derechos y los de la naturaleza frente a la
mercantilización de la vida y el ‘reverdecimiento’ del capitalismo”. Las
organizaciones no gubernamentales ambientalistas consideran que la economía
verde sería una estrategia de conservación de las estructuras injustas y
destructivas del capitalismo. 

Está claro que la polémica relacionada con los biocombustibles y la seguridad
alimentaria será uno de los puntos fuertes del menú de temas ofrecido por
Rio+20 y la Cumbre de los Pueblos. Sampaio, de ABRA, señala que es
“perfectamente factible incrementar la producción de otras formas de energía,
como la eólica y la solar, además de ser fundamental cambiar el sistema de
transportes en el mundo”. Para él, estos desafíos “no pueden ser solucionados
en la economía capitalista”. —Noticias Aliadas.

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Dr. Samuel Immanuel Brugger Jakob 
Facultad de Economía, UNAM